Reestructuración de Deuda

El plan de reestructuración es el instrumento central del preconcurso español desde que la Ley 16/2022 reformó el TRLC, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, transponiendo la Directiva (UE) 2019/1023. Permite modificar el activo, el pasivo o los fondos propios de un deudor en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual. Los créditos afectados se agrupan en clases por interés común, y los de distinto rango, los dotados de garantía real y el crédito público forman clases separadas.

Cada clase aprueba el plan con más de dos tercios del importe de su pasivo, tres cuartos si hay garantía real. Si todas aprueban, la homologación extiende los efectos a los disidentes de cada clase. Si alguna vota en contra, cabe el arrastre interclases cuando aprueba una mayoría simple de clases que incluya una privilegiada, o una clase que previsiblemente habría cobrado algo valorando la empresa en funcionamiento. En ese caso el nombramiento de un experto en la reestructuración es preceptivo.

El recorrido es divulgativo, no un dictamen. El análisis profesional se impone cuando hay clases que anuncian voto en contra o impugnación, cuando el plan afecta al crédito público o a los socios, y cuando el contraste entre el test del mejor interés de los acreedores y la regla de prioridad absoluta puede decidir la homologación.

¿Qué fases tiene la homologación judicial de un plan de reestructuración?

El procedimiento arranca antes de llegar al juzgado. La comunicación de apertura de negociaciones de los artículos 585 y siguientes del TRLC permite paralizar ejecuciones sobre bienes necesarios para la actividad. Sigue la solicitud de homologación del artículo 644, con el plan y las certificaciones exigidas, cuya admisión a trámite veta nuevas ejecuciones sobre esos bienes y se publica en el Registro público concursal.

Después el juez dicta el auto de homologación, que despliega los efectos del plan sobre disidentes, contratos y nueva financiación. Los afectados pueden impugnarlo, sin que la impugnación suspenda con carácter general la ejecución del plan. La ley prevé además una modalidad con contradicción previa, con las objeciones discutidas antes de que el juez resuelva.

El simulador enseña el procedimiento, pero no negocia con sus acreedores ni diseña las clases de su pasivo. Si su empresa afronta una refinanciación real, el diseño del plan y su defensa exigen criterio profesional. Para eso, vea nuestra área de reestructuración de deuda.