Procesal Penal Económico

Sí. Quien actúa como administrador de hecho o de derecho de una sociedad puede responder penalmente por los delitos cometidos en su gestión: delito fiscal, administración desleal, insolvencias punibles o delitos societarios, entre otros. No responde por el cargo en sí, sino por su intervención en los hechos — por eso la defensa consiste en reconstruir con precisión qué decidió, con qué información y con qué asesoramiento. Cuanto antes se prepare esa reconstrucción, mejor.

Sí. Desde la reforma del Código Penal, el art. 31 bis establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por un catálogo de delitos —estafa, blanqueo, delito fiscal, corrupción entre particulares…— cometidos en su nombre y beneficio por administradores o empleados. Las penas van desde la multa hasta la suspensión de actividades o la disolución. La empresa necesita su propia defensa, distinta y coordinada con la de las personas físicas.

Es el modelo de organización y gestión que el art. 31 bis CP contempla para prevenir delitos en la empresa: mapa de riesgos penales, protocolos de decisión, canal de denuncias, órgano de supervisión y régimen disciplinario. Si el modelo es eficaz, se adoptó antes del delito y se supervisó de verdad, puede eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica — o atenuarla. Lo que no exime es un manual comprado y guardado en un cajón: los tribunales examinan la aplicación real, no el papel.

No declare sin abogado y no aporte documentación por su cuenta: tiene derecho a no declarar y a conocer los hechos que se le atribuyen, y lo que diga en esa primera comparecencia condicionará todo el procedimiento. Llámenos antes de la fecha señalada: estudiamos el expediente, preparamos la declaración —o la decisión de no declarar, que a veces es la correcta— y le acompañamos desde ese momento. En penal económico, llegar tarde es el único error difícil de reparar.

Sí. El art. 305 CP exige que la cuota defraudada supere los 120.000 euros por tributo y ejercicio para que exista delito; por debajo, la conducta se sanciona en vía administrativa, no penal. Además, la regularización voluntaria completa antes de que se inicien actuaciones puede excluir la responsabilidad penal. El cálculo de la cuota es el corazón técnico de estos procedimientos, y por eso defendemos siempre en tándem con especialistas fiscales.

Ambas castigan al que gestiona patrimonio ajeno, pero no son lo mismo: en la apropiación indebida el autor hace suyo —o dispone como propio— lo que recibió en depósito o administración; en la administración desleal abusa de sus facultades de gestión y causa un perjuicio al patrimonio administrado, sin necesidad de apropiarse de nada. La frontera es fina y de ella dependen la pena y la estrategia de defensa, especialmente para administradores societarios.

Sí. La conformidad permite acordar con las acusaciones la calificación y la pena, evitando el juicio oral, y la reparación del daño antes del juicio opera como atenuante. No siempre es la mejor opción —a veces la defensa debe llegar a la vista— pero debe estar sobre la mesa desde el principio, porque negociar bien exige haber construido antes una defensa creíble. Le plantearemos ambos escenarios con sus riesgos reales, y la decisión final será siempre suya.