La transición hacia una economía baja en carbono está reconfigurando el panorama empresarial y financiero a nivel global. En España, la reciente reforma del Real Decreto 163/2014, alineada con los objetivos de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, introduce un conjunto de obligaciones en materia de medición y reducción de la huella de carbono que marcarán un antes y un después para numerosas organizaciones.
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¿A quién afecta esta nueva regulación?
A partir de 2025, un amplio espectro de entidades, desde grandes corporaciones hasta organismos públicos, deberán calcular su huella de carbono y diseñar estrategias de reducción. Este grupo incluye:
- Empresas de gran tamaño: En particular, afecta a aquellas empresas que superen dos de los siguientes umbrales: 250 empleados, 40 millones de euros de facturación o 20 millones de euros de activos.
- Administraciones públicas: También afecta a Departamentos ministeriales, organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social.
¿Qué implica esta nueva obligación?
Las organizaciones afectadas deberán:
- Calcular su huella de carbono: Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas asociadas a sus actividades.
- Elaborar un plan de reducción: Establecer metas concretas y medidas para disminuir sus emisiones.
- Registrarse en la Oficina Española de Cambio Climático: Hacer público su compromiso con la sostenibilidad y transparentar sus acciones.
Más allá del cumplimiento legal
La adaptación a este nuevo marco regulatorio no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino una oportunidad para:
- Alinear el negocio con los objetivos climáticos: Demostrar un compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.
- Reducir riesgos: Anticiparse a los posibles impactos negativos del cambio climático en la actividad empresarial.
- Acceder a nuevas oportunidades de negocio: Aprovechar los mercados emergentes relacionados con la economía baja en carbono.
La perspectiva europea
España se alinea así con los ambiciosos objetivos de la Unión Europea, que aspira a alcanzar la neutralidad climática en 2050. Iniciativas como la Ley Europea del Clima, el Pacto Verde y el Programa Fit for 55 establecen un marco legislativo sólido para impulsar la descarbonización en todos los sectores.
En un contexto de creciente conciencia ambiental y presión regulatoria, la gestión de la huella de carbono se convierte en una competencia clave para las empresas y los profesionales del sector financiero.
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